Por: Germán Barra Fuentealba
Secretario distrital
UDI Bío Bío
Sorprendidos, unos y otros, no tanto, en general, se esperaba una noticia que declarar que, al menos, existía la sospecha de colusión de precios entre las grandes cadenas farmacéuticas. Sin embargo, que Farmacias Ahumada lo haya admitido abiertamente fue una movida magistral de parte de la administración de la empresa, dado que, a través de un acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica, asume la responsabilidad y propone destinar a apoyo social un millón de dólares, que equivaldría sólo a cerca del ocho por ciento de lo que la empresa habría percibido gracias a este sistema de precios. El monto total de beneficios obtenidos por las grandes cadenas, Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada, se estima en 47 millones de dólares.
Cualquier excusa y astucia de las empresas ante este hecho es cuestionable y lo que realizaron es condenable. Lucraron con la necesidad de las personas, las que necesitaban esos medicamentos para hacer más llevadera su vida y, en otros casos, sobrevivir, jugaron con su necesidad de salud, se confabularon en contra de los consumidores y llevaron a cabo un sistema de asalto legal a las personas, las víctimas, los bolsillos y confío en que nadie haya quedado sin obtener sus medicamentos a causa de esta alza de precios.
Aunque no se comparte la conciliación, sólo este mecanismo ha permitido la confesión del hecho investigado, las otras dos cadenas niegan su participación y condenan la actitud de Ahumada, lo verdaderamente condenable es la actitud que han adoptado ellas, defender lo indefendible.
Durante muchos años, las farmacias independientes, las de barrio, las que tenían turno las 24 horas del día, denunciaron muchas veces lo que hoy ha sido asumido sin más y como parte del negocio nada más.
Confiamos en que el Tribunal de la Libre Competencia sea drástico en las sanciones o, al menos, las compensaciones sean más acordes a los montos involucrados, de lo contrario, la burla sería coronada con la absolución de culpas y no habría pasado nada.
Se ha anticipado que el proceso aún es largo y restan varios trámites, más que compensaciones sociales. Debieran de rebajar los mayores precios a quienes fueron las víctimas, aunque no confío en eso, pues para asumir las incompetencias o daños, las excusas llueven. De seguro, para todo esto, no habrá ningún remedio.