Ya son 35 años de espera por una Corte de Apelaciones para la comunidad de la provincia de Bío Bío. Cual más o cual menos, autoridades gubernamentales, comunales y parlamentarias de la zona, además de los integrantes del Colegio de Abogados de Bío Bío, han trabajado durante todo este tiempo para conseguir el anhelado tribunal de alzada.
Entre las últimas acciones se cuenta el compromiso del ex ministro de Justicia, Isidro Solís, quien aseguró que el próximo año el proyecto de incluiría en la cartera de proyectos de esa secretaría (se asume que el actual ministro Carlos Maldonado respetará el acuerdo tomado a mediados de marzo). También se recibió el apoyo del recientemente asumido presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, René Campos González.
Sin embargo, a mediados de abril se comenzó a formar una suerte de gran frente ciudadano, similar a la campaña implementada el 2006 para conseguir la puesta en marcha del Plan Cuadrante en la ciudad de Los Angeles. Esta vez, el objetivo fue claro: conseguir de una buena vez la instalación de una Corte de Apelaciones en la capital provincial de Bío Bío.
En ese contexto, ayer se lanzó una campaña de recolección de firmas, con la idea de incluir directamente a la comunidad otorgándole la opción de expresarse como la voz más autorizada del por qué establecer una Corte.
El proceso incluirá libros dispuestos en dependencias de la municipalidad, la Fiscalía del Ministerio Público, la oficina del Colegio de Abogados –ubicada en el tercer piso del edifico de tribunales-, el mall y probablemente en las notarías de la ciudad y todas las oficinas públicas dispuestas a colaborar en la cruzada. También se facilitará el acceso a las juntas vecinales, con diversos encuentros masivos que se desarrollarán en fechas a determinar más adelante, en un proceso similar al efectuado cuando se trabajó por el Plan Cuadrante.
La meta es reunir 40 mil firmas de aquí a tres meses, las que serán enviadas al ministerio de Justicia para que sirvan como prueba irrefutable de la necesidad de la ciudadanía.
Los gestores de la campaña señalaron, además, que se encuentran organizando un encuentro ampliado para el 6 de junio, con todos los alcaldes de la provincia de Bío Bío, además de Angol y Collipulli. La idea es extender la campaña de recolección de firmas a todo el espectro geográfico cuyos habitantes serán beneficiados con el establecimiento del tribunal de alzada.

REACCIONES
Aún cuando se mostró totalmente dispuesto a apoyar cualquier acción para conseguir el objetivo planteado, el senador Mariano Ruiz Esquide dejó entrever que tal vez la campaña debió haber comenzado mucho antes.
Al respecto, el alcalde Joel Rosales indicó que “nuestros parlamentarios y todo el espectro político tienen que sumarse con mucha fuerza a este interés que tiene nuestra ciudadanía”, agregando que “hace 35 años se viene trabajando en el tema”.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Abogados, Magina Zegpi, se mostró “bastante optimista, porque en esta oportunidad hemos tenido el respaldo que en otras oportunidades nos ha faltado. Ahora contamos con el respaldo del presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, la ciudadanía está más sensible, así es que se ve buena recepción”.
En tanto, uno de los abogados que más ha trabajado en el tema, Hernán Rodríguez, recordó las diversas gestiones que se han hecho desde el año 1973 en adelante, sin éxito hasta hoy.
“Han pasado 35 años, se ha creado una Corte de Apelaciones en Santiago, diversas cortes en las provincias; se ha implementado una reforma procesal penal carísima y de mucho éxito, una reforma en los tribunales de familia. Está por salir la reforma en los tribunales civiles; y la Corte de Apelaciones de Los Angeles, que fue considerada una necesidad el año 1973, todavía no se constituye”.
Rodríguez explicó que para crear el tribunal se necesita, por disposición constitucional, una ley. También manifestó que ya han indagado en el personal que se requiere: tres o cuatro ministros de corte, un fiscal, dos relatores y cuatro funcionarios. “Creo que lo que falta es más que nada la voluntad de salir adelante con este proyecto y la capacidad de gestión”, señaló.
El abogado manifestó su preocupación por el éxito de la iniciativa, pues las personas de menores recursos serán las que resulten beneficiadas.
“Las causas que más llegan a la Corte de Apelaciones son los juicios criminales, en donde están involucradas generalmente gente modesta. Son los juicios donde también está comprometido el estado civil de las personas, como es el caso de los juicios de nulidad de matrimonio y de divorcio, que también son materia donde hay mucha gente de escasos recursos. En el fondo, es cuestión de recursos, de tal forma que esto incide en los sectores más modestos de nuestra población”, concluyó Rodríguez.

LOS ARGUMENTOS
La puesta en marcha de una Corte de Apelaciones en Los Angeles permitiría acercar esta instancia de la justicia, a la que actualmente sólo se puede recurrir en Concepción en causas que además tardan años en ser resueltas.
La instauración de un tribunal de alzada no sólo beneficiará a Los Angeles, sino también a las restantes 13 comunas de la provincia y a las ubicadas en la zona norte de la provincia de Malleco, como Angol y Collipulli.
Para fundamentar la instalación de una Corte de Apelaciones se ha tomado en cuenta el número de habitantes del territorio, la cantidad de causas judiciales que llegan a esa instancia y la distancia que debe recorrerse para seguir el camino de la justicia.
Otro de los argumentos es que la Ley 17.930, publicada en el Diario Oficial el 13 de junio de 1973, creó una Corte de Apelaciones de Los Ángeles pero nunca se instaló. Finalmente se eliminó por razones presupuestarias.
Hoy, la jurisdicción que corresponde a esta provincia es de competencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, que ya en 1994 creó dos salas adicionales sin que a la fecha se hayan solucionado los problemas de retraso de causas.